El asambleísta Robert J. Rodríguez (D-East Harlem – Distrito 68) anunció que ayudó a aprobar legislación abarcadora sobre la seguridad de las armas de fuego en un esfuerzo por disminuir la devastadora violencia causada con las armas de fuego, y que está arrasando con el estado de Nueva York y el país (A.2388).
“Durante los primeros dos días de la sesión legislativa, mis colegas y yo convertimos la seguridad de nuestros niños, de nuestros socorristas y de nuestros vecinos en nuestra prioridad principal. La masacre de estudiantes de una escuela primaria en Newtown, Conn., y de socorristas en Webster, N.Y., cambiaron nuestro diálogo por siempre, pero – tristemente – vemos actos de violencia cometidos con armas de fuego todos los días en ciudades y vecindarios en todo el estado de Nueva York”. Las madres de víctimas en nuestra comunidad han estado pidiendo más protecciones por años. Sus lágrimas debieron recibir respuestas mucho antes. Pero ahora, respondemos con acción”.
El asambleísta Rodríguez dijo, “Necesitamos legislación agresiva para detener esta violencia y el temor que transmite. Las medidas de la Asamblea exploran con profundidad el problema de la violencia cometida con las armas de fuego y provee soluciones reales fortaleciendo las leyes de control y seguridad de las armas de fuego, aumentando las condenas por el uso ilegal de armas y asegurando que las personas que representan una amenaza para sí mismos u otros debido a una enfermedad mental no tengan acceso a las armas de fuego”.
Medidas de seguridad más estrictas para portar armas de fuego
Esta legislación fortalecería la prohibición actual de las armas de asalto de Nueva York de ilegalizar las armas que incluyan una o más de las características que aumentan la letalidad de un arma semiautomática. Fortaleciendo aún más la ley, se incluiría una cláusula de exención para los dueños de armas semiautomáticas legales, siempre y cuando las registren con la policía estatal, re-certifiquen su registro cada 5 años y se sometan a un chequeo de antecedentes penales, dijo el asambleísta Rodríguez.
Este proyecto de ley también removería la cláusula de exención existente bajo la ley actual y prohibiría todos los cargadores (clips) de munición que tengan la capacidad para almacenar más de 10 rondas. De hoy en adelante, no se puede vender ningún cargador (clip) con la capacidad de almacenar 7 rondas. El proyecto también requeriría que todas las personas que compren municiones se sometan a un chequeo de antecedentes penales del estado y presenten identificación con foto expedida por el estado.
“Claro y simple: el número de muertos aumenta cuando se usan armas de asalto semiautomáticas y grandes cantidades de municiones en una balacera”, dijo el asambleísta Rodríguez. “La legislación de la Asamblea eliminaría esas opciones antes de que ocurran más tragedias de magnitudes inimaginables”.
Este proyecto de ley también:
- revocaría y/o suspendería la licencia para portar armas de cualquier persona contra quien se haya expedido una orden de protección judicial
- establecería una central de datos estatal de licencias de pistolas para permitirle a la policía estatal verificar el Sistema Nacional de Chequeo Instantáneo de Antecedentes Criminales (NICS) para determinar si algún portador actual de licencia ha sido legalmente descalificado de poseer armas de fuego bajo la ley federal;
- crearía estándares a nivel estatal para las solicitudes de licencias para portar pistolas;
- requeriría que los profesionales de salud mental informen a las autoridades cuando consideren que una persona que está recibiendo servicios de salud mental representa un peligro para sí mismo o los demás. Aquellos que posean una licencia para portar armas de fuego se les revocaría o suspendería su licencia y se les requeriría entregar sus armas de fuego;
- permitiría que las escuelas califiquen para el reembolso de ayuda de construcción si deciden añadir sistemas electrónicos y puertas inquebrantables para aumentar la seguridad;
- actualizaría el estatuto de licencias de armas de fuego de Nueva York para asegurar que aquellas personas que tienen prohibido poseer armas de fuego al nivel federal no se les permita tener licencias para portar armas expedidas por el estado;
- requeriría la re-certificación de licencias de armas de fuego en un periodo de 5 años que incluya el nombre actual, la fecha de nacimiento, la dirección actual y la marca, modelo, y el número de serie y calibre de todas las armas de fuego bajo posesión;
- permitiría que los condados mantengan en confidencia los nombres y las direcciones de las personas que tienen licencias para portar armas bajo ciertas circunstancias;
- requeriría que todas las ventas privadas de armas de fuego, pistolas, escopetas y rifles se hagan a través de un vendedor de armas con licencia para asegurar que se haga un chequeo de antecedentes penales, a menos que la venta sea entre miembros inmediatos de familia; y
- requeriría que los dueños de armas de fuego almacenen cuidadosamente las armas que tienen en su poder si residen con una persona a quien se le haya prohibido poseer un arma de fuego bajo ciertas disposiciones de la ley federal.
Aumentando las condenas
“Es imprescindible que fortalezcamos las condenas por el uso criminal de las armas de fuego”, dijo el asambleísta Rodríguez. “Esto incluye la manera en que castigamos a los traficantes de drogas y criminales violentos involucrados en el uso ilegal de armas de fuego, la compra de armas de fuego por personas que lo tienen prohibido, tener un arma de fuego dentro un plantel escolar y causar daño físico a un niño con un arma de fuego. Podemos hacer mucho más y este proyecto de ley nos ayudará a lograrlo”.
La legislación de la Asamblea aumentaría el tiempo de cárcel de 3.5 a 5 años en condenas existentes por posesión de un arma de fuego cargada cuando el acusado también es culpable de vender drogas o de cometer un delito grave violento como parte de los cargos. Además, las condenas por poseer un arma de fuego no cargada en esta situación aumentaría de delito menor clase A a delito grave clase D.
El proyecto de ley de la Asamblea también:
- aumentaría la condena por posesión de un arma de fuego no cargada de delito menor clase A a delito grave clase E;
- aumentaría la condena por posesión de un arma de fuego sin licencia en un plantel escolar de delito menor clase A a delito grave clase E;
- clarificaría que una persona puede ser procesada criminalmente al facilitar o hacer disponible, compartir, vender, intercambiar, dar o desechar un “arma de fuego compartida” que ayude a otra persona a cometer un crimen;
- crearía la nueva condena elevada de Corrupción Empresarial Agravada por cometer múltiples delitos graves clase B y crímenes relacionados con las armas de fuego, un delito grave clase A-I castigado con una sentencia de cadena perpetua con un término mínimo de entre 15 a 25 años;
- aumentaría la condena por compras fraudulentas de armas de fuego de delito menor clase A a un delito grave clase D;
- aumentaría la condena por causar daño físico negligente con un arma de fuego a un niño de delito menor clase A a un delito grave violento clase D; y
- aumentaría la condena por no informar la pérdida o robo de un arma de fuego y municiones de una multa de $100 a un delito menor clase A.
“En vista de la reciente tragedia ocurrida en Webster, N.Y., este proyecto de ley también añadiría a los socorristas al estatuto de asesinato agravado, asegurando que los asesinos de socorristas obtengan una sentencia de cadena perpetua sin el derecho a libertad condicional”, dijo el asambleísta Rodríguez.
Fortaleciendo la Ley de Kendra para abordar el aspecto de la salud mental en la seguridad de las armas de fuego
“Como un miembro del Comité de Salud Mental, se que no podemos resolver el problema de la violencia de armas de fuego sin abordar el asunto de la salud mental”, dijo el asambleísta Rodríguez. “El proyecto de ley de la Asamblea reforzaría la Ley de Kendra para proteger mejor a los dueños de armas de fuego considerados de padecer de una enfermedad mental y a la comunidad”.
Específicamente, este proyecto de ley:
- requeriría la evaluación de la necesidad de Tratamiento Ambulatorio Supervisado (AOT) antes de que la orden expire;
- requeriría que el director de servicios comunitarios del condado le notifique al director en otro condado cuando una persona sujeta a una orden de Tratamiento Ambulatorio Supervisado se haya mudado a ese condado;
- extendería de 6 meses a 1 año la duración máxima de una orden inicial de Tratamiento Ambulatorio Supervisado;
- requeriría que los presos que sean dejados en libertad en la comunidad tras estar en un hospital de salud mental sean sometidos a una revisión para obtener una orden de Tratamiento Ambulatorio Supervisado; y
- extendería la vigencia limitada de la Ley de Kendra del 30 de junio de 2015 al 30 de junio de 2017.
“Entiendo que existen inquietudes de privacidad con esta legislación. Pero tenemos la obligación de proteger a las personas que están padeciendo de una enfermedad mental, así como a sus posibles víctimas. No podemos mantenernos al margen mientras muchos tienen los medios para acabar con sus vidas, en vez de recibir el tipo de intervención que los pueda sanar y proteger a muchos más”.
“No hay una solución rápida para el problemático asunto de la violencia cometida con las armas de fuego, y tampoco existe una sola manera para abordarlo”, dijo el asambleísta Rodríguez. “Nuestra legislación toma un punto de vista global y provee medidas concretas para afrontar este problema. Hacer nada no es una opción. Este es un asunto que todo el país desea reformar. Nos sentimos orgullosos de ser los líderes en este asunto y tenemos la esperanza de poder estimular legislación similar.
Para compartir su opinión sobre éste o cualquier otro asunto legislativo, envié un correo electrónico a Assembly68AD@gmail.com.
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